El control de convencionalidad y constitucionalidad sobre derechos políticos: riesgos del interprete autentico de la constitución

Abstract

La presente investigación examina la interpretación constitucional que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha realizado sobre los derechos políticos y su impacto en la seguridad jurídica y la legitimidad democrática. El estudio se centra en la tensión entre las decisiones del TCP, la aplicación del control de convencionalidad y el rol del Tribunal como "intérprete auténtico" de la Constitución. Mediante un enfoque cualitativo y un análisis documental de sentencias y doctrina, la tesis confirma la hipótesis de que la interpretación del TCP ha desvirtuado el control de convencionalidad. Los hallazgos revelan que el Tribunal ha desarrollado una jurisprudencia inconsistente y selectiva, especialmente en casos de alta relevancia política, lo que ha debilitado los principios de alternancia y participación. Esta falta de coherencia jurisprudencial, aunada a una aplicación deficiente del control de convencionalidad, ha generado una brecha entre la normativa interna y los estándares internacionales de derechos humanos.This research examines the constitutional interpretation regarding political rights adopted by Bolivia’s Plurinational Constitutional Tribunal (TCP) and its impact on legal certainty and democratic legitimacy. The study focuses on the tension between the TCP’s rulings, the application of the control of conventionality, and the Tribunal’s role as the "authentic interpreter" of the Constitution. Employing a qualitative approach and a documentary analysis of court rulings and legal doctrine, the thesis confirms the hypothesis that the TCP’s interpretation has undermined the control of conventionality. The findings reveal that the Tribunal has developed inconsistent and selective jurisprudence—particularly in cases of high political significance—thereby weakening the principles of the alternation of power and political participation. This lack of jurisprudential coherence, coupled with a flawed application of the control of conventionality, has created a gap between domestic regulations and international human rights standards.