La ausencia de un procedimiento que regule la extinción de la acción penal, por la aplicación de la justicia comunitaria y la falta de delimitación de sus alcances, genera vacíos legales en la jurisdicción ordinaria
Por: Ceballos Acuña, Orlando.
Colaborador(es): Tolavi Soruco, Paul [Tutor].
Editor: Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre, 2003Descripción: 97 p.: ilustraciones; 28 cm.Título traducido: The absence of a procedure relating to the termination of criminal proceedings, by the application of community justice and lack of definition of its scope, creates loopholes in the ordinary courts.Tema(s): Derecho Penal | Justicia Comunitaria | Derecho Comunitario | Derecho IndianoTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento |
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Tesis | Biblioteca UASB - Sucre | General | 00018T/2003 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible |
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre, (2003), Maestría Área de Derecho Maestría en Derecho Procesal Penal Chuquisaca
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Metodología marco práctico
Capítulo 3. Marco teórico
Capítulo 4. Resultados, conclusiones y recomendaciones
Bolivia en 1991, mediante Ley No 1257, de 11 e julio de 1991, aprobó y ratificó el convenio No 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Trinales en Países independientes, cuyo artículo 8, señala que la legislación nacional debe tomar debidamente en cuenta las costumbres y el derecho consuetudinario de sus pueblos indígenas. Poco después, nuestro país en 1994, reformó la Constitución Política, reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural del país y el derecho de sus pueblos indígenas a administrar justicia sobre la base de su derecho consuetudinario
Bolivia in 1991, by Law No 1257 of 11 and July 1991, approved and ratified the Convention No 169 on Indigenous and Trinales in Independent Countries, Article 8 states that national legislation must take due account customs and customary rights of its indigenous peoples. Shortly thereafter, our country in 1994, reformed the Constitution, recognizing the multiethnic and multicultural character of the country and the rights of its indigenous peoples to administer justice on the basis of customary law
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